Sobrecosto de 17 millones de quetzales
Guatemala en 2017 perdió más de 17 millones de quetzales en adquisiciones que registraron sobrecosto. De ese monto, el 92% corresponden a pagos por limitaciones de producción como la propiedad intelectual o la protección de información empresarial; así se explica en la Auditoría Social sobre Adquisiciones de Compras a Medicamentos Antirretrovirales elaborada por la organización International Treatment Preparedness Coalition (ITPC).
Los resultados obtenidos en la investigación indican que se pagaron 39,230,099.66 quetzales (Q) en concepto de compras de antirretrovirales en 2017. Pero ITPC asegura que pudieron haberse adquirido por un monto de Q 21,807,984.24. Es decir, se podrían haber ahorrado 17 millones de quetzales si se hubiera adquirido sin barreras legales.
Barreras legales inducen sobrecostos
A pesar de que la modalidad de compras para la adquisición de medicamentos a través de Convenios y Tratados internacionales idealmente incide en obtener costos más bajos, al existir barreras legales como las patentes, estos beneficios se anulan.
Uno de los mejores ejemplos es el compuesto de Lopinavir con Ritronavir, el medicamento en el que más dinero se invirtió, 72 millones Q desde el 2011. Este medicamento es fundamental para el tratamiento del VIH, ya que funciona para las tres líneas de atención, además de ser indispensable para que las mujeres embarazadas no transmitan el virus a sus hijos. La patente, ya liberada en otros países, aún es vigente en Guatemala.
Las compras locales salen caras
El 8% restante de las compras a sobrecosto, es resultado de modalidades no competitivas, por no utilizar economías de escala y problemas relacionados con gestiones administrativas. Estas suceden cuando el gobierno adquiere antirretrovirales a los laboratorios locales en lugar de a los organismos internacionales.
Uno de los ejemplos es el de las compras de Abacavir de 20mg en 2017. Ese medicamento demuestra las debilidades en las compras locales: el precio pagado al laboratorio fue 3.30 veces más elevado que el precio de referencia de la Organización Panamericana de la Salud.